Hoy día 20 de junio se celebra el Día Internacional del Refugiado, solo 10 días después de que los ministros del interior de los distintos países de la Unión Europea presionaran a Grecia para acelerar las expulsiones masivas desde las islas hacía Turquía, ya que el país heleno se negaba a aceptar que Turquía es un país seguro.
Desde la firma del acuerdo con
Turquía se han llevado a cabo solo en torno a 500 expulsiones, esto se debe a
que actualmente los recursos puestos por las personas migrantes ante la
decisión de ser expulsados los resuelve un comité que está formado por miembros
de ONGs, funcionarios y otros ciudadanos de la sociedad civil, por lo que es
más probable que el resultado considere que Turquía es un país que no cumple la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo ante las presiones
mencionadas, el Gobierno de Grecia ha
afirmado que cambiará dicho comité, de modo que este pasará a estar formado por
representantes de ACNUR, jueces y abogados especialistas en Derechos Humanos.
Cabe sospechar que esta nueva medida acelerará las injustas expulsiones a
Turquía.
A la Comisión Europea en Bruselas
no le basta con las presiones a Grecia, a
principios de mes se hicieron públicas las intenciones de retirar las ayudas
económicas a aquellos países incapaces de retener flujo migratorio.
La cuestionable responsabilidad de la Unión Europea
Mientras hoy el mundo entero se
moviliza en contra de estas políticas, la
Unión Europea sigue haciendo oídos sordos y vulnerando el derecho de asilo
contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, amparando sus
medidas en el marco del Reglamento Dublín
III. La sociedad cívil es consciente de que la Unión Europea es incapaz de
asumir su responsabilidad, es puesta en tela de juicio ante la deshumanización
demostrada y la incapacidad de acción, coordinación y coherencia para abordar
una crisis humanitaria en torno al espacio Schengen desencadenada por unas
políticas internacionales basadas en la invasión a cambio de intereses económicos.
Esto además tiene un impacto directo en la afluencia de movimientos xenófobos y
formaciones reaccionaras que se escudan en una falsa defensa de la seguridad a
nivel estatal y europeo.
Como consecuencia de estas políticas y ante ausencia de vías seguras, miles
de personas migrantes han muerto en el mar intentando huir de la guerra y la
miseria, y en torno a 200.000 están recluidas en campos de refugiados en
condiciones infrahumanas y sin
protección frente a ataques xenófobos en una Europa de gobiernos inmovilistas
incapaz de priorizar a las personas.
Ante esta nefasta reacción la
Unión Europea, algunas ciudades de
España como Madrid o Barcelona, en las que gobiernan las fuerzas del cambio, han
demostrado que están dotadas de instalaciones adecuadas para acoger a estas
personas y que cuentan con recursos suficientes para hacerse cargo de más
personas que las que le fueron asignadas a España por la Comisión Europea.
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